José Mª Torras Coll (Profesor Asociado de la UPF)

Solidaridad, prevención y responsabilidad.

La catástrofe natural derivada de la erupción volcánica es inevitable, aunque predecible. La predicción de su explosión, sin duda, ha contribuido decisivamente en que no tengamos que lamentar desgracias personales. Ahora bien, los compasivos lamentos, amplificados por la voracidad mediática, por los devastadores efectos del imparable magma que escupe el volcán de la isla de La Palma, y ,que demandan la máxima ayuda y solidaridad, no deben eclipsar la ineludible reflexión acerca de la posibilidad de paliar, reducir o minimizar esas dramáticas  consecuencias, ya que no se comprende porque se ha permitido levantar viviendas o cultivar en zonas próximas o a escasa distancia de los cráteres, y, lo mismo puede predicarse de otros fenómenos catastróficos, cada vez más frecuentes, como las lluvias torrenciales que causan estragos en viviendas y edificaciones construidas en áreas inundables o casas levantadas en pleno bosque, junto a masas forestales o edificadas en torrenteras o en los aledaños del cauce de ríos que ya se habían desbordado  o  en lugares en que pueden producirse corrimientos o deslizamientos de tierra, o las inundaciones en localidades que tienen unos colectores inadecuados o edificaciones construidas en suelo, o los retos a los  a que nos enfrentamos en relación a los edificios construidos en zonas costeras, ante el cambio climático, con el peligro de colapso o de inundación, cuando existen precedentes de episodios similares.

En efecto, en España, durante el período 1990-2000, las inundaciones han causado más de doscientos muertos y unos doscientos millones de euros al año. Más del 95 % de las víctimas en los últimos cincuenta años se han producido en inundaciones en pequeñas cuencas (rieras, torrentes, barrancos, ramblas), en inundaciones relámpago como la de Biescas.

Cabe preguntarse si resultaría viable plantear la responsabilidad patrimonial de la Administración, es decir, es responsable el Estado y/o la Comunidad Autonómica por no haber prevenido las graves y desoladoras consecuencias con la erupción del volcán. El régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, proclamado en el artículo 106.2 de nuestra Carta Magna, objeto de regulación en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos:

La efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas;

Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante en sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir en el nexo causal.

Ha de mediar una relación directa, inmediata y exclusiva de causa – efecto entre el acto de la Administración y el daño que este acto ha producido, siendo necesario que exista un acto o una omisión de la Administración Pública y un daño derivado de ellas efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado.

Se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, siempre claro está, que en el plazo de un año el perjudicado o sus herederos efectúen la correspondiente reclamación.

En la mente de algunos se dirá que el fenómeno natural que comporta la erupción de un volcán  debe ser considerado como un supuesto de fuerza mayor que excluye la responsabilidad de la administración.

No obstante, la doctrina jurisprudencial viene conceptuando como fuerza mayor aquellos acontecimientos realmente insólitos y extraños. Son constitutivos de fuerza mayor los acontecimientos imprevisibles e inevitables, en caso de ser previstos.

Parece que la erupción del volcán de la isla de La Palma no puede ser conceptuada como un supuesto de fuerza mayor por imprevisible, pues se trata de sucesos que no son infrecuentes en la región y que podía ser previsto de conformidad con la situación  registrada en la zona. Por tanto, si no era imprevisible, cabe preguntarse si se adoptaron todas las medidas de prevención para evitar la producción de daños de gran consideración o cuando menos para mitigar los efectos de la erupción.

En el caso de la tragedia ocurrida en el Camping de Biescas, en 1996, cuando una riada se llevó, segó, la vida de 87 personas, la Audiencia Nacional, declaró la responsabilidad patrimonial del Estado-Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Ebro) y del Gobierno de Aragón, quienes permitieron que el camping se ubicara en un lugar que constituía un peligro para los acampados. La previsibilidad del riesgo fue advertida con carácter previo y por escrito por los técnicos, rebatiendo el argumento entonces de los demandados de que se trató de un evento no previsible. En el caso de los volcanes, los expertos, días, semanas o incluso meses antes de que un volcán comenzase a expulsar lava y cenizas, advirtieron que se producían temblores y otras señales que preceden a la erupción, precursores. El meollo de la cuestión es si la administración, ante el riesgo inminente de erupción volcánica, adoptó todas las medidas de prevención y precaución necesarias.

La Comunidad Científica advierte que hechos  derivados de catástrofes naturales, aun siendo imprevisibles, en la práctica, a nivel temporal;  son plenamente previsibles a nivel espacial; las inundaciones, a diferencia de las lluvias, se concentran en zonas determinadas, los cauces torrenciales y las llanuras de inundación, perfectamente representables en mapas de riesgos, valorando los períodos de recurrencia de tales catástrofes, sin que con el paso del tiempo caigan en la indiferencia y del olvido colectivo.

Resulta repudiable que primen intereses anclados en la economía y políticas especulativas del suelo que se gestionan en contra del interés público o desafían la fuerza de la naturaleza. La acción pública, como ocurre en EE.UU. o en Francia, debería, ante todo, elaborar los mapas de riesgos, públicos y promocionar el seguro, primado entre los más necesitados. Los Ayuntamientos tienen mucho que decir en el planeamiento urbanístico, en la dotación de infraestruturas, en el asentamiento seguro de las edificaciones, en el mantenimiento y limpieza de las vías de evacuación.

Urge acometer una reforma, adecuación  y adaptación legislativa que exija los informes técnicos indispensables, geológicos, etc, para prevenir, evitar o cuando menos paliar los efectos de lo que muchos aseguran es atribuible al cambio climático para armonizar la solidaridad con la predictibilidad, la racionalidad y la justicia. 

José María Torras Coll

Sabadell

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