La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 104.1 que las Administraciones educativas velarán para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea, estableciendo en su apartado 2 que las mismas prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dando una nueva redacción al artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que «los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán consideradas autoridad pública» determinando la presunción de veracidad y el valor probatorio de los hechos constatados por el profesorado en los procedimientos de adopción de medidas correctoras.
El principio de autoridad de los profesores se ha ido diluyendo hasta llegar incluso a ponerse en entredicho. Algunos docentes sufren episodios de hostigamiento y hasta violencia verbal y física. La autoridad no se impone, sino que se construye siendo bueno en el oficio, respetando al alumno, generando orden y motivación en clase, transmitiendo interés e ilusión. La ausencia de autoridad lleva a algunos docentes a un doloroso fracaso profesional que, en ocasiones, aboca con al abandono de la profesión.
La función educativa es fundamental en cualquier sociedad. Según el borrador de la ley de enseñanza los padres tendrán derecho a revisar los exámenes referidos a las calificaciones de sus hijos menores de edad. Nadie pone en duda que los padres deben participar, implicarse y apoyar a los maestros en el delicado y complejo proceso educativo, ejerciendo una labor corresponsable. La intolerancia a la frustración de los menores, la indulgencia de los padres, la permisividad, se atribuye a una sobrepotección excesiva, al propiciar niños en exceso mimados y consentidos. No parece conveniente que también se sobreproteja a los alumnos dando pábulo a lo de «Es que el profesor me tiene manía», como socorrido pretexto cuando el niño trae malas notas o suspensos. No resulta acertado que se cuestione la capacidad e idoneidad de los docentes mediante un control parental que vaya a relegar a la inspección académica y, a su vez, a interferir en la autoridad de los maestros.Potenciar las tutorías y la comunicación entre profesores y padres es contribuir a esa indispensable interrelación que redundará en beneficio del alumno.
José María Torras Coll
Sabadell
INITINERE 