OBSERVATORIO JURIDICO

Anatomía de la pena de inhabilitación.

Anatomía de la  pena de inhabilitación 

Recientemente el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, competente en contemplación a la condición de aforado del acusado, a la sazón Diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, le ha condenado como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, y, como autor, en el momento en que se cometieron los hechos, de una falta de lesiones (actualmente, delito leve de lesiones).

El Tribunal, con un Voto Particular discrepante, suscrito por dos magistrados, condena al acusado como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En este caso, la pena de prisión, por imperativo legal, se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.

El Alto Tribunal razona, con meridiana claridad, que : «se ha considerado pertinente la reducción en dos grados, por lo que la pena privativa de libertad a imponer se sitúa entre un mes y 15 días y 3 meses menos un día. No existen razones que avalen una pena superior al mínimo legal, por lo que se impondrá la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La defensa del acusado, en trámite de conclusiones definitivas, interesó la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad. El Ministerio Fiscal no realizó alegación alguna en su informe. El acusado, conocida la pretensión de la defensa, en el uso de la última palabra tampoco hizo referencia expresa a esta cuestión. No es necesaria, por lo tanto, una nueva audiencia al acusado. Por imperativo del  artículo 71.2 del Código Penal, la pena de prisión inferior a tres meses debe ser sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente. La Sala considera pertinente la sustitución de la pena de prisión por una pena de multa, que será de 90 días, de conformidad con el artículo citado, con cuota diaria de 6 euros, que era la interesada expresamente por el Ministerio Fiscal respecto del delito leve de lesiones.» Y subraya que :» La sustitución no afecta a la pena accesoria de la pena de prisión. El  artículo 71.1 del Código Penal  prevé la reducción de todas las penas, sin excluir las accesorias, de manera que los jueces o tribunales, en la determinación de la pena inferior en grado, no quedan limitados por las cuantías mínimas establecidas en la ley a cada clase de pena. Por otro lado, el artículo 71.2 solo ordena la sustitución de la pena de prisión.» Y apostilla,»  las penas accesorias son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad, y no de su ejecución.»

La pena accesoria de inhabilitación especial puede privarle de escaño al condenado. La pena de inhabilitación consiste en la privación, suspensión o incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo. En las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias, alguna o algunas de las siguientes:1.º Suspensión de empleo o cargo público.2.º Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.3.º Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código. La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La incapacidad para ejercer otra función, cargo o profesión del mismo género. 

Cabe indicar que dicha pena accesoria conlleva la inelegibilidad establecida por la Ley Electoral para los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad.

El Tribunal Supremo ha acuñado el concepto de la inelegibilidad sobrevenida, en cuanto a que constituyen causas de incompatibilidad  y no operan propiamente como causa sobrevenida de invalidez de la elección sino de impedimento para asumir el cargo electivo o causa de cese si, como es el caso, se hubiera accedido al escaño.

Quien debe ejecutar la dicha pena accesoria es el Congreso de Diputados al tener el condenado la condición de Diputado, y, para evitar el cese, el condenado se ha dirigido a la Mesa de la Cámara sosteniendo que se entienda ya cumplida dicha pena accesoria al haber abonado la pena de multa, impuesta, por ley en sustitución de la pena de prisión, así como la indemnización establecida por el Tribunal en favor del agente de policía lesionado.

Se plantea una cuestión jurídica interesante, puesto que la pena de prisión que tiene como accesoria la pena de inhabilitación ha sido sustituida, por así imponerlo la ley, por pena de multa y el condenado ha satisfecho la sanción pecuniaria y, además, ha pagado la responsabilidad civil y, en tal contexto, se plantea si debe o no subsistir la pena de inhabilitación o si convertida la pena principal de prisión en multa decae la pena de inhabilitación. En ese incierto escenario jurídico no debe orillarse que en el momento de la comisión de los hechos, el acusado trabajaba de operario químico en una planta petrolera y no ostentaba la condición de Diputado, siendo que su conocimiento público se circunscribía a los ambientes del activismo social de Tenerife. Y no debe desconocerse, una circunstancia temporal determinante, ya que el caso permaneció hibernado durante siete años hasta que llegó al Supremo por la sobrevenida condición de aforado del acusado.Ni que decir tiene que, de haberse juzgado los hechos, cuya instrucción se antojaba sencilla, no compleja, el acusado no sólo no hubiese sido enjuiciado por el Tribunal Supremo, sino por el Juzgado competente, y, la pena de inhabilitación a estas alturas muy probablemente ya estaría cumplida. En cualquier caso, el condenado sostiene que su condena ha quedado saldada con el pago de la multa, mientras que el PP, en el Congreso de Diputados, replica que la sanción económica solo sustituye, no anula, la pena de inhabilitación sobrevenida, la pena de privación del “derecho al sufragio pasivo”, que comportaría la retirada del escaño.

En cualquier caso, si buceamos en la hemeroteca, encontraremos el supuesto en que el Gobierno de la Nación indultó a cinco Mossos d’ Esquadra condenados por el Tribunal Supremo a penas de inhabilitación profesional, prisión y multa por delitos de lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal.  Los agentes fueron condenados en 2008 por la Audiencia Provincial de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio de 2006 y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2009 a penas de inhabilitación profesional, prisión y multa, por delitos relativos a delitos de lesiones ,tortura, maltrato y detención ilegal.  

El Ejecutivo decidió acoger la petición de indulto formulada por los condenados y accedió a conmutar las penas de inhabilitación impuestas por una única pena de dos años de suspensión para empleo o cargo público a los agentes. Y para otro de los condenados, a quien se impuso la pena de seis meses de prisión y pena accesoria de inhabilitación, el Consejo de Ministros optó por conmutar la pena de inhabilitación impuesta por una única pena de dos años de suspensión para empleo o cargo público, siendo de abono el tiempo que hubiera cumplido de inhabilitación para el cómputo del período de suspensión impuesto en el Real Decreto de concesión del indulto. En ambos casos, se supeditó el indulto a la no comisión de delito doloso en el plazo de 5 años desde la publicación del Real Decreto.

Así las cosas, de formularse por parte del Diputado condenado petición de indulto podría darse el caso de que el Gobierno actual accediese a conmutar la pena de inhabilitación y lo cierto es que mientras no se sustancie y se decida el hipotético indulto, el condenado podría instar del Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la ejecución de la dicha pena y, por consiguiente, permanecer en su escaño. Ello, sin perjuicio de que, habiendo dos votos particulares que abogan por la absolución del acusado, pudiese acudir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar que mientras no se resuelva el recurso se suspenda cautelarmente la ejecución de la pena de inhabilitación dado que se podría producir un perjuicio irreparable.

El debate está abierto.

José María Torras Coll

Sabadell

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