El PP finalmente ha accedido a cumplir con la obligación constitucional tras una prolongada y áspera etapa de persistente bloque negociador en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. No obstante, los candidatos propuestos por el PSOE y el PP tienen en común un determinado sesgo, atendiendo a lo informado, cuando no una estrecha afinidad al partido que los propone, lo que proyecta la alargada sombra de una previsible y sistemática recusación disfuncional en la operatividad del Tribunal.
Resulta, en cualquier caso, sumamente desalentador que la necesaria y reclamada renovación de los Magistrados del Tribunal de Garantías que demanda la presencia de juristas de primerísima élite y renombre, de cualificadísima capacidad técnica jurídica y reconocido y contrastado prestigio profesional y académico, derive en un burdo intercambio de nombres, reproduciendo el cálculo de intereses políticos con un reparto de cuotas entre los dos grandes partidos políticos al nominar a candidatos con una marcada y reconocida adscripción ideológica en ese persistente y nefasto trueque de cromos, en lugar de preservar la cualificación profesional, el mérito, la capacidad e idoneidad y la independencia, imparcialidad y objetividad de un órgano esencial.
Es censurable la ya indisimulada cooptación de candidatos que enturbia la credibilidad del Garante Constitucional. Es la materialización de la colonización partidista de las instituciones. No es admisible que el Tribunal de Garantías se convierta en un correlato lineal de la representación política, de tal forma que el sentido de las sentencias sea harto previsible antes de pronunciarse la decisión. Es decir, la crónica de un veredicto anunciado, reclutando candidatos de fiel obediencia y disciplina.
El mensaje que ese repudiable proceder transmite es demoledor. Ni siquiera se guardan ya las apariencias ni se mantiene el pudor estético.
José María Torras Coll
INITINERE 