Crónica de Tribunales

El liberado.

El  “liberao» sindical.

Faltaban pocos minutos para las nueve de la mañana cuando al juez sustituto le sonó el móvil, al otro lado del cual la funcionaria amable del decanato le indica: es para hacer los juicios de hoy en un juzgado de lo social; bien,  acabo el desayuno y cojo el coche, como de costumbre calcule usted que tardaré una hora en llegar; no importa señoría, le esperarán. Lo de llegar al juzgado ya desayunado era algo  que la mayoría de jueces titulares no llegaban a entender y consideraban como una extravagancia. La frase de no importa Señoría le esperarán, siempre ponía en guardia al juez sustituto que pensaba: “a ver con qué  «embolao» me voy a encontrar hoy”.

Los juzgados de lo social eran un mundo aparte, eran el mundo de los graduados sociales, eran las antiguas magistraturas de trabajo que funcionaban al margen del aparato judicial, eran órganos del ministerio de trabajo que la reforma Mújica integró  en el Poder Judicial respecto de los magistrados y en el Ministerio de Justicia respecto de los funcionarios.  Estas magistraturas de trabajo, ahora llamadas juzgados de lo social, eran de ámbito provincial, funcionaban realmente bien y se regían por un principio sencillo que, de facto,  ya no existe, el “in dubio pro operario”, en caso de duda había que dar la razón al trabajador, es decir, siempre.

Este sistema funcionaba bien respecto de un sociedad y una economía concreta que a día de hoy ya no existe; la globalización daba ya sus primeros zarpazos, las grandes empresas nacionales del INI empezaban a trocearse en empresas más pequeñas que eran vendidas al capital privado, en muchas ocasiones capital extranjero, empezaron las subcontratas y las subcontratas de las subcontratas, que abrieron las puertas a la precariedad laboral, con lo que el principio “in dubio pro operario” quedó muy desdibujado.

Sin embargo, toda esta economía en reconversión mantenía el mismo sistema sindical, la inercia heredada y el poco deseo de cambio en este tema, hacía que los sindicatos siguiesen funcionando  como partes  del aparato del Estado, con sus funcionarios propios y su legislación protectora hacia los mismos, que dónde más se notaba  era en la figura del liberado, “el liberao”, representante de los trabajadores rebajado de servicios para su dedicación íntegra a la actividad sindical.

El liberado de autos era un hombre de poco más de 50 años, técnico de una empresa pública con varios miles de trabajadores repartidos por todo el territorio nacional. Entró en la empresa a la edad de 14 años como aprendiz, pero llevaba ya el hombre más de 20 años como “liberado” dedicado íntegramente a actividades sindicales, idas y venidas a Madrid para las negociaciones con la patronal, en este caso la patronal era el propio Estado. En la sede de dicha empresa pública en Barcelona el  liberado tenia una mesa con un rótulo con su nombre y cargo en la empresa, si bien, el hombre llevaba ya años sin aparecer por ella.

El troceamiento de la empresa pública y sus correspondientes privatizaciones, implicó que el puesto técnico de trabajo del liberado quedase fijado en otra provincia y es aquí donde empieza el conflicto judicial, el liberado no quería traslado alguno, alegaba que su condición de representante sindical implicaba inamovilidad en su puesto de trabajo, como si de un funcionario se tratase, y que como su puesto de trabajo en Barcelona ya no existía por el troceamiento de la empresa y el traslado de esa parte técnica a otra provincia, ello  equivalía a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que  implicaba que, conforme a la ley, estábamos ante un despido encubierto.

Esto originó un primer pleito que acabó mediante convenio entre las partes, según el cual, el puesto de trabajo concreto del liberado se mantendría en Barcelona. Sin embago cuando el liberado hizo números se percató  que la indemnización, de fijarla, hubiera sido bastante alta, prácticamente un buen plan de pensiones, que unido al que ya tenía con la empresa, a los dos años de paro que le hubieran correspondido  y la no lejana jubilación,  hubieran permitido al liberado vivir una prejubilación y jubilación de primera.

Fue una cuestión de plazos que la empresa estuviese diligente, y antes de la presentación por el liberado  del segundo procedimiento mandó notificación  al liberado indicándole   que su mesa de trabajo, con el rótulo con su nombre y su cargo, seguían en su sitio en la sede de Barcelona, aportando fotografías de la mesa vacía junto con el testimonio de otros trabajadores de las mesas de al lado que juraban que dicha mesa con el nombre y cargo del liberado nunca había sido movida de sitio.

El cabreo del liberado era mayúsculo, sus compañeros de oficina, a los que no había visto en años, le traicionaban testificando en favor de la empresa, él quería ser despedido y alegaba que la notificación para el cumplimiento del convenio sólo  se le había hecho por teléfono, y la empresa,  que no quería despedirlo, más que nada por no tener que soltarle la morterada económica que se hubiera llevado,  insistía que su puesto de trabajo no había  sido trasladado, que la notificación si bien fue telefónica, lo fue en su persona, que en ese momento no puso reparos por lo que  si hubiera  querido podría haberse  reintegrado al trabajo inmediatamente ya.

Visto para sentencia el litigio, Su Señoría  no tuvo dudas de lo que iba a dictar.

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