José Mª Torras Coll (Profesor Asociado de la UPF) OBSERVATORIO JURIDICO

La familia y uno más.

Desde el pasado día 5 de enero de 2022, tras el período de «vacatio legis«, de veinte días de la publicación de la ley en el BOE, a falta de Disposición legal expresa, rige en España la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la LEC, sobre el régimen jurídico de los animales para adaptarlos a la mayor sensibilidad social. 

Las mascotas adquieren un estatus jurídico propio, dejan de ser cosas, bienes muebles o semovientes, al serles reconocida legalmente la cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad.

Cabe recordar que el orígen esta reforma legal se remonta  a una iniciativa legislativa popular impulsada en el 2015 por el Observatorio Justicia y Defensa Animal que recogió más de 500.000 firmas para que los animales dejasen de ser cosas en el Código Civil para ser considerados seres sintientes.

Se trata, pues, de la plasmación normativa en nuestro ordenamiento jurídico de la propuesta de ‘descosificación’ de los animales, sumándonos con ello a los cambios legislativos aprobados en otros países o territorios de nuestro entorno europeo (Austria en 1986, Alemania en 1990, Suiza en 2003, Bélgica en 2009, Francia en 2015 y Portugal en 201. Así como Cataluña en el año 2006 y fuera del continente Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo).

Según la Exposición de Motivos, la reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. 

Atendiendo al vínculo existente y la concurrencia entre los malos tratos a animales y la violencia doméstica y de género y el maltrato y abuso sexual infantil, se contemplan limitaciones a la guarda y custodia en casos de antecedentes por maltrato animal ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico contra aquellos. 

Con el mismo criterio protector que inspira la reforma, mediante la modificación del apartado primero del artículo 111 de la Ley Hipotecaria se impide que se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo y se prohíbe el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía. 

Por último, se modifica el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para declarar absolutamente inembargables a los animales de  compañía en atención al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la que conviven.

El propietario de la mascota debe ejercer sus derechos sobre la misma y sus deberes de cuidado respetando esa cualidad y asegurar «su bienestar conforme a las características de cada especie».

La norma regula la custodia compartida de los animales de compañía en caso de divorcio o separación y establece que las mascotas no deben ser embargadas o hipotecadas, que no sean abandonadas, que no se les cause sufrimiento o dolor, que no se las utilice como herramienta en la violencia de género y que pueda disponerse de ellas por testamento. 

Además, la autoridad judicial podrá acordar la participación de los cónyuges en los gastos de manutención y cuidado del animal, y decidir el destino de éste si no hay acuerdo entre los miembros de la expareja, teniendo en cuenta el interés de la pareja separada y el bienestar del animal, y pudiendo prever el reparto de los tiempos de disfrute y cuidado del animal si fuese necesario.

El texto señala que los jueces podrán decidir que los padres no compartan los hijos con sus exparejas cuando vayan a separarse si han maltratado o amenazan con causar malos tratos a animales de compañía como forma de violencia vicaria o de género para controlar o victimizar al cónyuge o a los niños. 

La justificación es que pueda utilizarse el maltrato animal como herramienta de control, forma de abuso o de maltrato psicológico o indirecto dentro del ámbito familiar, bien hacia los menores o hacia la pareja, lo cual debe ser considerado por los jueces para conceder o no la guarda conjunta de los hijos.

Las medidas que adopte el juez en caso de divorcio, nulidad o separación pueden ser modificadas judicialmente o por un nuevo convenio cuando así lo aconsejen no sólo las necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges, sino también «las nuevas necesidades de los animales de compañía».

El texto recalca que quien encuentre a un animal perdido deberá entregarlo a su propietario o a quien sea responsable de su cuidado, salvo si hay indicios fundados de malos tratos o de abandono, cuando lo pondrá en conocimiento ante las autoridades competentes. Si lo devuelve al propietario o responsable de su cuidado, podrá reclamar los gastos de curación y cuidado.

La reforma legal ofrece determinados aspectos curiosos que invitan a la reflexión. 

Así, el art. 333.4 del C.Civil indica que, «En el caso de que la lesión a un animal de compañía haya provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica, tanto su propietario como quienes convivan con el animal tienen derecho a que la indemnización comprenda la reparación del daño moral causado.» Eso significa que se reconoce que los animales son tributarios de «salud psíquica» con derecho de quienes convivan con ellos a una indemnización que comprenda la reparación del daño moral causado.

Por otra parte, el art. 90.2 del modificado Código Civil que regula la aprobación de los acuerdos de los cónyuges adoptados en caso de nulidad, separación o divorcio, establece que si son presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el juez, salvo si resultan dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

Y en el siguiente párrafo se determina: “si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar”.

Y en el tercer párrafo, el Código Civil se refiere al “régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos”.

Parece que el legislador posponga el interés de los abuelos respecto de sus nietos, al relacionar antes el interés y bienestar de los animales. Seguramente, no deberá efectuarse una exégesis literal conforme a un orden de prelación que se antoja a todas luces desacertado e inadecuado.

En cualquier caso, ya somos legalmente la familia y uno más.

José María Torras Coll

Sabadell

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