Los españoles, según mandato constitucional, somos iguales ante la ley. No puede prevalecer discriminación alguna. Tenemos derecho a elegir libremente nuestra residencia. El sistema tributario debe ser justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y, en ningún caso, puede tener un alcance confiscatorio.
Principios que no se corresponden con la regulación actual del impuesto del patrimonio que, repárese en ello, subsiste, en nuestro entorno europeo, sólo en Noruega y Suiza, y, en dieciséis de las comunidades autonómicas en España, a excepción de Madrid. Por cierto, presidida por la expedientada, Isabel Díaz Ayuso.
Voces autorizadas, expertos fiscales, consideran que se trata de un impuesto ineficiente, desfasado, obsoleto, irrazonable, confiscatorio y que genera una inadmisible doble imposición fiscal, con claros tintes de inconstitucionalidad, estando aún pendiente la resolución del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La plena bonificación fiscal de ese impuesto de la que disfrutan los madrileños ha provocado un desplazamiento de contribuyentes que han fijado su residencia y domicilio fiscal en Madrid.
Se da la paradoja que se pretende una armonización fiscal del impuesto del patrimonio en España, es decir, una homologación fiscal interna de todas las comunidades autónomas, para evitar el llamado peyorativamente, «paraíso fiscal» de Madrid, subyaciendo en ese planteamiento un tufo ideologizante ,cuando debería realizarse, lo contrario, es decir, una armonización fiscal que sintonizase con la Unión Europea. Es decir, la supresión del impuesto del patrimonio.
El impuesto de marras penaliza el ahorro, la inversión, el crecimiento de la economía, y resulta especialmente confiscatorio en Cataluña, evitando que se convierta en un polo de atracción inversora. Y, además, se produce el indeseable efecto perverso en cuanto a la recaudación fiscal, ya que con el desplazamiento de contribuyentes a la Comunidad de Madrid, se produce una pérdida importante de ingresos de IRPF que se van a las arcas de la capital del Estado.
Pero, ya se sabe, en la gobernabilidad catalana impera la ceguera fiscal, recurriendo a la socorrida y cacareada cantinela de «Madrid nos roba», mientras se resienten los bolsillos de los contribuyentes catalanes que no se explican esa diferencia de trato fiscal ni la miopía de la Generalitat, mientras Cataluña toma la deriva del empobrecimiento, de la pérdida de competitividad y no fomenta el ahorro.
Confiemos en que el Gobierno del Estado español y, en particular, la Generalitat de Cataluña, dejen de ser rehenes ideológicos y se imponga la razón de la igualdad de trato y de la justeza impositiva distributiva.
José María Torras Coll
Sabadell
INITINERE 