Antonio Vega Reina Crónica de Tribunales

Crónica de Tribunales: El IBI de las autopistas.

COLISIÓN DE LEYES: La Ley Estatal de Autopistas y el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Local.

Recientemente gran parte de las autopistas españolas han sido rescatadas por el Estado, básicamente por la finalización de las concesiones y en algunos casos por la finalización de las prórrogas de las concesiones. Toda autopista necesita de un mantenimiento que no es barato y que tendrá que ir a cargo del contribuyente, no sólo del que transita a diario por la autopista, sino también del que hace poco o nulo uso de la misma, por lo que el tiempo nos dirá lo acertado o no de la medida.

Los más preocupados por el fin de las concesiones han sido los ayuntamientos pequeños por los cuales atraviesan las autopistas, ello les comporta la pérdida de un importante impuesto que en algunos casos supone su mayor ingreso, el IBI (impuesto de bienes inmuebles) por aquellos tramos de  autopista que cruzan sus términos municipales, eso hace que estén preocupados y pidan al Estado compensaciones que alivien ese importante menoscabo económico.

En aquel año el juez sustituto prestaba  servicio en un juzgado de lo contencioso administrativo, órgano unipersonal de ámbito provincial, dicho juzgado funcionaba relativamente bien y lo primero que le sorprendió fue que  el personal estaba mucho mejor cualificado que en otras jurisdicciones en las que anteriormente había servido, quizás fuera por la diversidad e importancia de la materia que afecta a la administración pública, lo cierto es que el personal, básicamente femenino y con cierta madurez, repasaba las resoluciones para que a la firma de su señoría llegaran sin faltas de ortografía, cosa poco habitual en ese tipo de trabajo realizado por necesidad más bien al grosso modo y con escaso estilo literario.

Por AUTEMA, concesionaria de la Generalidad de Cataluña para la explotación de la autopista Terrassa-Manresa, se formuló demanda de recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada por el Órgano Autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación  de Barcelona contra la liquidación del IBI de ese año de algunos ayuntamientos, interesando su anulación.

La cuestión litigiosa era de carácter eminentemente técnico jurídico y había sido recientemente resuelta mediante sentencia de la  Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que resolvía el recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de Vacarisas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que se discutió sobre la bonificación del 95 % del IBI al paso de la autopista por su término municipal, ratificando el Supremo su jurisprudencia anterior conforme a la cual la validez de la bonificación del 95 % dependía del cumplimiento o no de una serie de requisitos, entre los que se encontraba el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda.

Es decir, el «quid» de la cuestión era si la ausencia del referido informe del Ministerio de Economía y Hacienda viciaba o no de nulidad el acuerdo autonómico  de la Generalidad de Cataluña respecto de la bonificación del 95 % cuestionada.

En el caso de autos , el Ministerio de Economía y Hacienda no había llegado  a emitir dicho preceptivo informe previo, hecho éste reconocido por el Ayuntamiento recurrente.

El Tribunal Supremo, con anterioridad, tenía  fijada la doctrina legal conforme a la cual en el conflicto normativo entre la Ley de Autopistas y el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Local, debe prevalecer la Ley de Autopistas, motivo por el cual la Generalidad de Cataluña  por sí sola carecía de competencia exclusiva para otorgar bonificación tributaria alguna sobre tributos establecidos por ley estatal, puesto que la competencia para determinar la bonificación de hasta el 95 % de la base imponible del   IBI conforme a la Ley de Autopistas correspondería a la Generalidad de Cataluña previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de forma que la falta de este informe preceptivo viciaba de nulidad el otorgamiento autonómico de dicha bonificación.

Por tales argumentos jurídicos, el juez sustituto acabó desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por AUTEMA (Autopista Terrassa-Manresa, SA, concesionaria de la Generalitat de Cataluña) que desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del Órgano Autónomo de Gestión Local  Tributaria de la Diputación de Barcelona (OALGT) (Ayuntamiento de Castellgalí) por la que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la recurrente  Autema, contra la liquidación de ese año por el concepto de impuesto de bienes inmuebles (IBI), confirmando en su integridad la resolución impugnada.

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