La destitución de la Directora del CNI era un secreto a voces, la crónica de un cese anunciado, ante la persistente demanda de los socios del Gobierno, a raíz de la crisis desatada por el espionaje de teléfonos móviles y la necesidad de prolongar una languideciente legislatura. No ha sido como, sibilina y elípticamente, afirmó la Ministra de Defensa, una sustitución, sino una fulminante destitución.
Los aliados parlamentarios, lejos de pasar página, reclaman más salidas.
A nadie extrañaría que se precipitase en pocos días la dimisión o la destitución de la Ministra que, sorprendentemente, hizo un auténtico papelón al no dar ninguna explicación convincente del cese, término que deliberadamente eludió con el subterfugio semántico de la edulcorada sustitución.
Una puesta en escena bochornosa y patética que dilapida su reconocido prestigio para conservar a toda costa su cargo, pese a que había defendido antes, a capa y espada, incluso con ardor y vehemencia, a la Directora del CNI, finalmente destituida.
Ni que decir tiene que las nuevas tecnologías de la comunicación e información suponen un grave peligro para la intimidad. Ello debe ponerse en permanente estado de alerta. No cabe duda que, como se ha dicho, la información es poder.
Nuestras vidas, en esta sociedad cada vez más tecnificada, se hallan expuestas a numerosos riesgos cibernéticos, y al control por terceros ansiosos de recabar información y, resulta francamente difícil, hacer frente a los avances tecnológicos en materia de interceptación de las comunicaciones.
Sin duda, la plataforma Pegasus constituye uno de los máximos exponentes de ese peligro. Se ofrece en el mercado para llevar a cabo espionajes masivos.
Como, con acierto, escribe Martin Pallín, nuestra intimidad puede ser horadada hasta el punto de que lleguemos a convertirnos en personas de cristal, tan transparentes que nada podamos ocultar a los poderes supremacistas que disponen de tan sofisticados artilugios de inmisión.
La Seguridad Nacional, en un estado democrático, con ser sumamente relevante, no queda extramuros de la protección de nuestros derechos y libertades que garantiza la Constitución, de nuestra intimidad y dignidad. Requiere un control judicial, precedido de una solicitud individualizada y motivada y cuya autorización en España se confiere a un Magistrado del Tribunal Supremo nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Director del CNI no está facultado para efectuar una prospección generalizada, masiva e indiscriminada, sino que debe observar la legislación vigente. El fin no justifica los medios. Ni la información puede obtenerse a cualquier precio.
Por cierto, tras conocerse la intromisión en los teléfonos de políticos, y, la obtención de información del móvil del Presidente del Gobierno, el portavoz de la formación Comú Podem, Jaume Asens, sugirió que era legítimo pensar que la información sensible sustraída a Pedro Sánchez tuviese algo que ver con el repentino cambio de posicionamiento del Presidente en relación a España con el Sáhara, dado que se produce una coincidencia temporal en la infectación de su teléfono y esa decisión de indiscutible trascendencia en la política exterior, fue ,extrañamente, unilateral, sin consultar al Parlamento, ni a sus socios de Gobierno.
Resulta que sobre ello reina un silencio sepulcral, un mutismo total. Se ha corrido un tupido velo. Es razonable preguntarse, ¿Pudo el Presidente ser chantajeado por Marruecos o por cualquier otro estado o grupo con esa desconocida información comprometedora?. ¿La seguridad nacional está en almoneda?.
José María Torras Coll
Sabadell
INITINERE 