La gestión del hasta ahora Presidente del órgano de gobierno de los jueces y su renuncia al cargo suscita en algunos sectores aceradas críticas y hasta duras valoraciones negativas por parte de alguna que otra asociación judicial y miembros de la carrera judicial independientes.
El capitán abandona un barco a la deriva en el momento más crítico y delicado de la institución.
Entre otros aspectos, se le reprocha que no ha trabajado, no se ha comprometido de forma efectiva por la independencia de los jueces ni por las mejoras de sus condiciones profesionales, ni por una remuneración digna, acorde con la responsabilidad del ejercicio jurisdiccional.
Se afirma que lo esencial, en su prorrogado mandato presidencial, ha sido insistir en el número de resoluciones dictadas, sin importarle ni la necesaria calidad de las mismas, ni la exposición de los jueces al riesgo de salud, espoleando al Servicio de Inspección, sin fijar una carga razonable de trabajo para proteger la salud laboral seriamente amenazada en muchos casos que han comportado que determinados magistrados, al no poder soportar esa ingente y descomunal carga de trabajo, se hayan visto obligados, muy a su pesar, a solicitar la jubilación anticipada, a solicitar la excedencia voluntaria o bien a un traslado de destino para salvaguardar su salud y su calidad de vida.
Se le atribuye haber actuado como correa de transmisión del poder político.
De ser cómplice del indigno y vergonzoso cambio de cromos, del nefasto mercadeo entre jueces de perfil conservador y progresista para el nombramiento discrecional en el desempeño de cargos relevantes poniendo coto a las legítimas aspiraciones de candidatos independientes cualificados.
De renunciar a valorar la idoneidad de quien fue elegida Fiscal General del Estado, tras dejar de ser Ministra de Justicia, sin solución de continuidad, por la pasarela del Congreso de Diputados.
No cabe duda que la endémica falta de renovación del CGPJ no es responsabilidad de sus vocales ni del Presidente saliente, sino única y exclusivamente de unos partidos políticos carentes de sentido de Estado, enquistados, enrocados, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y en el sistema de nombramiento de los vocales del órgano de gobierno de los jueces deparando un espectáculo denigrante que anteponen el partidismo, la encarnizada lucha por el poder, por el control de las instituciones.
La renuncia del Presidente puede ser inane en cuanto a facilitar la negociación política, su desbloqueo, ante los próximos comicios.
No se debe permitir que esa censurable inoperancia política provoque un vacío de poder en un órgano institucional esencial en el diseño del Estado de Derecho que comprometa el derecho prestacional a la tutela judicial efectiva.
Desde hace tiempo, asistimos, lamentablemente, a un deslegitimado Consejo General.
Urge una renovación que se hace impostergable por el enorme perjuicio que se está causando.
Pero lo más apremiante es que se recobre cuanto antes esa legitimidad con nombramientos de vocales de prestigio, de juristas de contrastado reconocimiento, desprovistos de pasado político o de vínculos que puedan comprometer su mandato, capacitados, independientes, de contrastada experiencia, que prioricen un servicio público de calidad, con aportación de medios materiales, implementación digital, tecnológica, expediente electrónico en todas las jurisdicciones, mecanismos ágiles para el dictado de resoluciones, y, sobre todo, dotar de recursos humanos suficientes a una precaria infraestructura que se mantiene a duras penas merced al incondicional voluntarismo judicial, al denodado e ímprobo esfuerzo de sus operadores, con tasas resolutivas que no tienen parangón en el entorno europeo. Para que se establezca una carga de trabajo razonable, asumible, a fin de poder ponderar con mesura los asuntos jurisdiccionales.
Para que esa carga de trabajo no suponga un serio riesgo para la salud de los jueces.
Y para que el justiciable obtenga una deseable respuesta jurisdiccional de calidad, en un plazo razonable y no impere un criterio mercantilista, de juez meramente resolutivo, de mercantilista productividad, a costa de resoluciones seriadas, de rebaño, mediocres, carentes de motivación , incongruentes, y, algunas viciadas de nulidad o lisa y llanamente de sesgo estereotipado, haciendo uso y abuso del cómodo “corta y pega”, tan censurado por el colectivo de la Abogacía, para desdicha del Letrado y estupor del justiciable.
En fin, renovación con calidad e independencia es lo que precisa sin demora la institución.
José María Torras Coll
Sabadell
INITINERE 