Antonio Vega Reina CRONICA DE TRIBUNALES

Los mendicantes.

Cuando los recogieron de la estación del metro en la que fueron localizados, los cinco críos, dos chicas y tres chicos que iban desde los 12 años la mayor a sólo 3 años el más pequeño, era tanta la mugre que acumulaba la piel de todos ellos que, los servicios sociales necesitaron emplearse a fondo en el uso del jabón  para descubrir que aquellas caritas sucias encondían unos chicos y chicas rubitos, de ojos claros, todos muy guapos y, a pesar de sus supuestos apellidos españoles, respondían  a  la típica imagen de esos niños anglosajones pobres e itinerantes  que podemos ver en películas como “Las uvas de la ira”. El padre y la madre, en consonancia sus hijos, daban la misma imagen de grajeros pobres del medio oeste, donde el libro de cabecera de estas gentes es La Biblia y sólo La Biblia.

El Juez sustituto pensó que esa, sin duda, no era una familia católica y miraba al hombre, al padre, con cierto respeto pues, a diferencia de otros casos, el hombre en todo momento mantuvo el respeto al Tribunal y, según decía, “aceptando la voluntad de Dios”.

El hombre había presentado ante el Juzgado escrito de oposición a la  resolución de la    DGAM (Dirección General de Atención a Menores, posteriormente llamada DGAIA, que dónde decía menores pasó a decir infancia y adolescencia). Tal resolución había declarado en situación de desamparo a los cinco hijos del actor, todos ellos menores y todos ellos, las dos chicas y los tres chicos,  bautizados con nombres extraídos del Antiguo Testamento. Recibido que fue  el expediente  administrativo se dio traslado al  actor que formuló demanda de oposición a medidas de protección  de menores, aportando los documentos en que basaba su derecho y, tras las contestaciones, se citó  a las partes, Actor, DGAM y Ministerio Fiscal a la comparecencia  prevista en el art. 440, al que remiten los arts. 753 y 770, de la LEC.

Los primero que había de ser tenido en cuenta es que por el EAIA de la zona (Equipo de atención a la infancia y a la adolescencia) se había constatado la existencia  de una serie de indicadores de riesgo para los menores, así como la absoluta falta de colaboración por parte de los padres con el equipo técnico que impedía que éste pudiera realizar el adecuado estudio de la situación familiar.

Indicadores de riesgo y falta de colaboración que eran persistentes, habiendo  quedado acreditado que los ingresos del núcleo familiar provenían de la mendicidad que desde hace muchos años practicaban los padres, hecho éste no sólo constatado por el EAIA, sido incluso reconocido por el propio actor y por la madre de los menores, quienes manifestaron en el acto de la vista que vivían de las «donaciones» de terceras personas, no habiendo quedado claro quiénes ni por qué hacían estas donaciones,   reconociendo incluso que en varias ocasiones los menores habían salido a mendigar con la madre, «porque no les podía dejar solos».

En este sentido el actor, el padre, permanecía fuera de  casa los días laborales y los sábados todo el día, hasta las 22 horas, recogiendo esas donaciones que eran, por otra parte, las que les habían impedido y les seguían impidiendo aceptar otro tipo de ayudas que por parte de la Administración se les habían ofrecido  y que  comportarían, como contrapartida, la asunción por su parte de determinadas obligaciones, entre ellas el no dedicarse a la mendicidad, imposición que no estaban dispuestos a aceptar.

Igualmente había  quedado acreditado que la familia llevaba una vida itinerante, cambiando continuamente de   domicilio, con el consiguiente trastorno y falta de estabilidad que ello comportaba para los menores. Así, según se deducía del informe emitido al E.A.I.A., durante varios años estuvieron residiendo en diferentes centros, luego estuvieron durante un tiempo en dos distintos barrios de Barcelona y llegaron a  vivir también  en un piso de alquiler en la parte vieja de Barcelona, el cual, según manifestaciones de la madre, no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad, piso que tuvieron que dejar porque no les quisieron renovar el contrato, pasando a residir en el momento de la vista en una casa de huéspedes.

Los menores presentaban evidentes signos de desatención, negligencia y abandono a nivel de cobertura de sus necesidades materiales básicas (higiene, ropa, alimentación …) lo cual  fue apreciado y puesto en conocimiento del EAIA por parte de la escuela a que aquellos acudían, según manifestó en el acto de la vista la propia directora del colegio, quien se reiteró en que los niños acudían al mismo malnutridos, tristes, demacrados y sucios, «hasta el punto de provocar el rechazo del resto de los niños del colegio por el mal olor que desprendían». También la psicóloga y la pedagoga del dentro de acogida declararon en la vista  que en el momento del ingreso los menores estaban sucios, pálidos y demacrados.

Los menores también presentaban carencias importantes a nivel de educación, socialización y aspectos emocionales y afectivos,  según se deducía del informe del SAT, (hecho que  pudo observarse en el propio acto de la vista).

Todo lo que explicaban los padres estaba muy influenciado por la creencia en Dios, la manera en que habían afrontado la educación y cuidado de los menores respondía a una interpretación drástica y llevada al extremo de sus creencias religiosas. Esa rigidez educativa quedaba patente en el hecho, reconocido por los propios padres, de que a los menores les estaban vedadas determinadas actividades, tanto en casa como en el colegio, tales como hacer teatro, participar en las fiestas de carnaval, ver la televisión o tener y jugar con juguetes; incluso el padre, recortaba algunas páginas de los libros de texto porque no consideraba adecuado su contenido.

Se podía afirmar, incluso, a tenor de los informes del SAT y del centro de acogida, que los menores sufrían castigos excesivos  y maltrato físico si hacían algo que no debían: así lo verbalizaron los propios menores y se deducía del rechazo que al ingresar  en el centro tenían los mismos a hacer determinadas actividades, como dibujar y ver la televisión, que consideraban prohibidas, por miedo a un castigo terrible.

Según la síntesis evaluativa emitida por el centro de acogida, la exploración psicológica  efectuada a los menores en el momento del ingreso detectaba una sintomatología compatible con trastorno psicótico; concretamente, los tres mayores (la chica  y dos chicos)  presentaban un trastorno de personalidad y bloqueo emocional (aislamiento social, rechazo a los demás niños), el bebé presentaba un retraso escolar importante y una importante desconexión con la realidad.

Las dos chicas y los tres chicos se encontraban en el momento de la vista en situación de acogimiento en familia ajena, habiéndose valorado la  evolución como muy positiva en todos los aspectos, todos ellos mostraban un interacción con los acogedores basada en el afecto y la confianza  y habían podido establecer un vínculo afectivo entre hermanos, lo que eran indicadores de un restablecimiento de pautas relacionales que posiblemente les permitirá crecer de manera sana y emocionalmente estable.

Concurrían en el presente caso las circunstancias previstas en  el art. 2.2 a), b) y c) del la Ley 37/91, de 30 de diciembre . La citada  resolución por la que se decretó el desamparo de los menores, asumiendo la entidad pública su tutela y disponiendo su ingreso en un centro de acogida y posterior acogimiento en familia ajena, amparaba de forma suficiente los intereses de los citados menores, al adoptar las medidas necesarias tendentes a la protección  efectiva de los mismos, que de otro modo no podría lograrse.

No cabía por parte del Juez sustituto sino, desestimando la oposición de los padres, confirmar la resolución administrativa en interés de sus hijos.

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