José Mª Torras Coll (Profesor Asociado de la UPF) OBSERVATORIO JURIDICO

Respeto a las reglas.

Respeto a las reglas

Se habla de choque institucional sin precedentes. A que el Tribunal Constitucional interfiere la función legislativa. Proliferan gruesas e infundadas descalificaciones, de “fachas con toga”. De jueces machistas, cuando muchos Tribunales de justicia están compuestos íntegramente por mujeres. Se afirma que a la carrera judicial y fiscal acceden personas de determinado estrato social, cuando en la reciente promoción de Fiscales, más del 90% de los nuevos fiscales cursaron estudios en universidades públicas y muy pocos tienen familiares del mundo jurídico. Por cierto, la presencia de mujeres aprobadas en la última convocatoria es muy superior a la de hombres. De los 127 nuevos fiscales, 94 son mujeres. La Ministra de Justicia puso en valor el importante papel que ha tenido y tiene la universidad pública en nuestras vidas para el denominado ascenso social, la igualdad de oportunidades. Las becas para la preparación de oposiciones pretenden que ningún buen estudiante que tenga vocación de impartir justicia, de acceder a la judicatura o a la carrera fiscal, se vea limitado por su origen, por su condición socioeconómica o por cualquier otro tipo de vulnerabilidad.

No es de recibo aludir, como se ha hecho por alguna voz ministerial a la perpetuación de castas sociales.

Falta rigor jurídico, cultura, formación, información y, sobre todo ,respeto al orden jurídico constitucional.

Se ofrece información tergiversada trufada de populismo y demagogia a una sociedad cada vez más anestesiada.

Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato prorrogado, es decir, mantienen sus funciones, en tanto no sean sustituidos conforme a lo establecido en el art. 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. No están, como incorrectamente se afirma “caducados”.

Por cierto, interesadamente se recusan sólo a dos de los cuatro prorrogados. 

Si el fundamento de la recusación es que esos señalados Magistrados tienen interés en ver prorrogado su mandato, igual interés podría predicarse de los otros dos.

No obstante, la razón es que se recusa a quien se entiende que es de la opinión contraria a las tesis del Gobierno y sus aliados.

Una precisión importante, el TC no rechazó las recusaciones sino que las inadmitió a trámite por apreciar falta de legitimación de los recusantes. Es decir, no llegó a entrar en el fondo.

Otra puntualización, el TC  no está impidiendo ,como arteramente se dice, al Parlamento español que legisle. Está evitando que el Congreso de Diputados y el Senado atenten contra los legítimos derechos de las minorías parlamentarias a través de un procedimiento irregular. Aprovechando que el Pisurga pasa por Valladolid, y mediante una proposición de ley de modificación del Código Penal, se pretende a medio de enmiendas transaccionales alterar la designación de los vocales del Poder Judicial y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Una proposición de ley sobre temas de enorme calado que atañen a leyes orgánicas y que incide en la composición del Poder Judicial y en los nombramientos del TC debe preservar todas las garantías, sin prescindir ni obviar los preceptivos informes de los órganos consultivos. No se puede legislar al margen de la Constitución y sin respetar los trámites parlamentarios.

Asistimos atónitos al goteo de revisiones de condenas y excarcelaciones derivadas de las consecuencias de una defectuosa técnica legislativa, de la denominada ley del “solo sí es sí”. Condenados por abusos y agresiones sexuales que han visto recortadas sus condenas merced a una reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad y bendecida por el Gobierno ante el estupor de las víctimas. No se recabó consulta a la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, integrada por un grupo de eximios juristas, de selectos penalistas. No se atendieron las advertencias expuestas en el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora tenemos ese panorama desolador.

Está en juego el Estado de Derecho, la calidad democrática, con los necesarios contrapesos de los poderes para evitar la arbitrariedad y deslizarnos por la peligrosa pendiente del autoritarismo, de la imposición. Sobra intoxicación deliberada, falta transparencia y lealtad institucional.

José María Torras Coll

Sabadell

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