Continúa el incesante goteo de rebajas de penas y excarcelaciones por la revisión de condenas por delitos de abusos y agresión sexual derivadas de los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí.
Enfrascado el PSOE con Podemos en la necesaria reforma de la polémica ley, prosigue la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, antes denominados Secretarios Judiciales.
Se trata de una huelga que el Gobierno pretende ignorar y que, a diferencia de las movilizaciones de los médicos, en la Comunidad Autónoma de Madrid, no resulta llamativa para la ciudadanía, hasta llegar a pasar desapercibida e incluso no ha merecido el trato informativo que se dispensó a la huelga sanitaria.
Así las cosas, se mantiene el pulso con el Ministerio de Justicia. Los LAJ reivindican mejoras salariales -persiguen un aumento salarial que prácticamente les equipare con los jueces, a través de la denominada cláusula de enganche salarial- tras el rediseño de la Oficina Judicial que les confiere más atribuciones. No debe desconocerse, por otra parte, que los LAJ en el año 2023 obtuvieron un incremento salarial del 14,76 % muy superior a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.
Desde luego, un LAJ, como algún portavoz del colectivo ha difundido en las redes sociales, no se puede equiparar a un Notario, ni a un Registrador de la Propiedad ni Mercantil, ni a las funciones de un Juez o Magistrado. Y no sólo por la mayor dificultad que entraña superar las duras oposiciones para acceder a dichos cuerpos, sino por la responsabilidad asignada a los mismos y la preparación y capacitación técnica que les es requerida para desempeñar su cometido, siendo que los jueces por reserva de ley tienen atribuida la función resolutiva de mayor responsabilidad, conforme al art. 117 de la C.E. Con un nivel cualitativo muy superior.
El resultado de la huelga es catastrófico, más de 160.000 señalamientos suspendidos, más de 550 millones de euros bloqueados, pendientes de destino, en diversos tipos de procesos judiciales, 130.000 demandas pendientes de ser asignadas al Juzgado competente, el registro del Tribunal Supremo cerrado y más de dos millones de notificaciones telemáticas paradas.
Cada día que pasa, laacumulación de estos efectos aumenta exponencialmente porque la recuperación de fechas para los juicios y vistas suspendidos resulta más complicada y alcanzará dilaciones inaceptables.
Se instala, en el ámbito procesal penal, la atenuante de dilaciones indebidas, habida cuenta la demora que, de ordinario, ya llevaban las causas antes de la huelga de los secretarios judiciales.
La situación es insostenible. Como señala el Consejo General de la Abogacía es incomprensible la significativa ausencia de avances en la resolución del conflicto que perjudica gravemente el funcionamiento de los juzgados y tribunales. Deben cumplirse escrupulosamente los servicios mínimos y evitarse comparecencias infructuosas, cuando las suspensiones son previsibles. La Abogacía hace un llamamiento a la responsabilidad.
Constatamos, pues, una censurable inepcia o falta de interés y compromiso del Ministerio de Justicia y del Gobierno con una justicia eficiente, moderna y de calidad. Por cierto, comportamiento idéntico que recuerda los reiterados incumplimientos con las reivindicaciones de la carrera judicial, con el sistemático incumplimiento de los mandatos de la Ley de Retribuciones en orden a preservar la independencia económica de los depositarios del poder judicial.
Las consecuencias indeseables inciden en las expectativas económicas, personales y familiares de miles de ciudadanos, en su derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable.
Los abogados y procuradores expresan su frustración e impotencia ante las reclamaciones de sus clientes. E incluso su justificada indignación ante suspensiones de vistas, de juicios, de declaraciones, sin aviso previo, sin la más mínima información, con el coste que supone, tiempo, engorrosos gastos de desplazamientos innecesarios, de alojamiento, etc. que constituyen una falta de respeto y un desprecio a los justiciables y profesionales del derecho. Efectos perversos que deberían evitarse a toda costa.
Deben, pues, comunicarse con antelación las suspensiones y debería procurarse la celebración de bodas en los Registros Civiles, expedir los mandamientos de pago o transferencias de pensiones de alimentos y de indemnizaciones de ciudadanos que precisan con urgencia de las mismas.
Están en juego nóminas, pensiones, indemnizaciones, embargos y todos los problemas que una sociedad genera y pone en manos de los tribunales para que apliquen la ley.
La pasividad contemplativa de los responsables políticos. Los infructuosos intentos de mediación llevados a cabo por el flamante Decano del Colegio de Abogados de Madrid convierten al sufrido ciudadano contribuyente en unrehén de una huelga que pone la puntilla a una languideciente Administración de Justicia que está en almoneda. Las Asociaciones Judiciales muestran en sus comunicados la preocupación e inquietud por la actual situación que está perturbando y distorsionando gravemente una administración esencial, ya mermada endémicamente por falta de medios e inversión y que está sufriendo innecesarias tensiones por la nula responsabilidad del Ministerio que parece más interesado en enfrentar a Jueces y Magistrados con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que en dar soluciones al conflicto.
En suma, un servicio público esencial que requiere una inmediata y satisfactoria respuesta ministerial para no agravar el endémico retraso con la paralización reivindicativa.
José María Torras Coll
Sabadell
INITINERE 