Antonio Vega Reina CRONICA DE TRIBUNALES

¿Qué hacen los jueces en política?

Costó lo suyo, pero se consiguió, y aunque algo ya olvidado, no deja de ser uno de los grandes éxitos de la ahora tan denostada Transición.

Fue durante el gobierno de Adolfo Suárez cuando, mediante Real Decreto Legislativo 10/1977 de 8 de febrero, se acabó con siglo y medio de intervencionismo  del estamento militar en la actividad política activa.

La invasión napoleónica fijó un antes y un después en el sometimiento del ejército al poder político. El vacío de poder que produjo la guerra del francés y las posteriores guerras carlistas, llevó a la vida política a muchos militares, de manera que durante todo el siglo XIX  en el gobierno de España se van sucediendo distintos generales, Espartero, O’Donell, Pavía, Serrano, Martínez Campos, Narváez, Prim, y ya a en el siglo XX las dos dictaduras, la del capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera y, tras la guerra civil, los 40 años de franquismo donde los mandos militares coparon una parte sustancial de los ministerios.

Con todo ello acabó la Transición, y mediante el referido RDL 10/1977 quedó establecido que puesto que el Estado confiere a sus ejércitos la misión de garantizar la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional, la  naturaleza de esta misión está más allá de las opciones políticas concretas.

Ello no implica que las Fuerzas Armadas sean ajenas a la política en su más fundamental acepción, es decir, a aquellas actividades orientadas a defender un orden que asegure el interés general de la Nación, lo cual aconseja que las Fuerzas Armadas y sus miembros tengan el deber de mantenerse unidos para el mejor cumplimiento de su elevada misión cuando sus obligaciones constitucionales así lo exijan.

Este deber impone a todos los componentes de las Fuerzas Armadas el debido respeto a cualquier opción política de las que tienen cabida en el orden institucional, sin que les sea lícito, en consecuencia, participar ni mostrar públicamente su preferencia por cualquiera de ellas, normas, generales en el orden internacional y usuales en el comparado, que implican la prohibición de las actividades políticas o sindicales dentro de los recintos, establecimientos, buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Por ello establece en RDL 10/1977 que quienes con carácter profesional formen parte de las Fuerzas Armadas, cualquiera que sea su empleo y situación, no podrán:

Estar afiliados, colaborar o prestar apoyo a ningún tipo de organización política o sindical, salvo el derecho de sufragio activo.

Expresar públicamente, en cualquier forma, opiniones de carácter político o sindical, en relación con las distintas opciones de partido, grupo, asociación u organización.

Asistir a reuniones públicas de carácter político o sindical organizadas o promovidas por partidos, grupos o asociaciones de igual carácter.

Asistir de uniforme o haciendo uso de su condición de militar a cualesquiera otras reuniones públicas de carácter político o sindical.

Ejercer cargos públicos o aceptar candidaturas para los mismos cuando sean electivos y tengan carácter político o sindical.

Aceptar y ejercer cargos públicos de designación directa, salvo los de la administración militar o que sean propios de su condición militar y los que se determinan en el artículo tercero.

Para poder ejercer las actividades que se mencionan en el artículo segundo, el personal al que el mismo se refiere deberá:

Solicitar y obtener el pase a la situación de «retirado», con los derechos pasivos y asistenciales que le correspondan, si se trata de Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases profesionales.

Solicitar y obtener, si se trata de Oficiales Generales, el pase definitivo a «situación especial» que, con el exclusivo fin de posibilitarles el ejercicio de las mencionadas actividades, se crea por el presente Real Decreto-ley. Los que voluntariamente se acogieran a esta «situación especial», a la que se puede acceder desde cualquier otra de las existentes en el Generalato, tendrán los mismos derechos económicos y asistenciales que pudieran corresponderle en la situación de reserva. A los demás efectos, incluso los jurisdiccionales, la «situación especial» queda equiparada a la de «retirado».

No hacer uso del uniforme ni hacer valer su condición o jerarquía militar en el ejercicio de aquellas actividades

Los Jefes, Oficiales y Suboficiales de Complemento y los aspirantes al ingreso en dichas Escalas, cualquiera que sea su procedencia, así como el personal no profesional perteneciente a las Clases de Tropa y Marinería, no podrán realizar actividades políticas o sindicales durante el tiempo en que se encuentren prestando servicio militar activo. Se exceptúa, en todo caso, el ejercicio de los derechos de sufragio activo que según la Ley pudieran corresponderles, así como el mero mantenimiento de su anterior afiliación a organizaciones de carácter político o sindical.

El mencionado RDL 10/1977 de 8 de febrero, ha dado muy buenos resultados al apartar al estamento militar de la vida política activa que tantos pronunciamientos y quebraderos de cabeza diera otrora a la Nación.

Curiosamente, las mismas ganaderías de conservadores y liberales que dividían a los militares decimonónicos, son las que actualmente tienen dividida a la judicatura, al menos a la parte de la judicatura políticamente militante.

Sería muy positivo sacar a los jueces de la política partidista, los jueces al juzgado, a poner sentencias, ¿o es que acaso no es esto para lo que opositaron?

El que quiera dar el salto a la política no estaría de más que causase baja definitiva en la carrera judicial, o al menos no pudiese volver a la misma en muchos años. A los militares se les supone el valor y a los jueces la independencia, sin embargo no pueden pretender que les demos credibilidad a pies juntillas en eso de la independencia, cuyo ejercicio en el fondo es algo personal de cada uno de ellos, y al mismo tiempo mantener las puertas giratorias (ahora soy juez, ahora politico, ahora juez, ahora político), esto no casa bien con aquella máxima conforme a la cual no basta con que la mujer del César sea honesta sino que además ha de aparentarlo.

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