Tres de las cuatro asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados y dos de Fiscales convocan huelga indefinida a partir del 16 de mayo para exigir, en la Mesa de Retribuciones, la actualización y mejoras salariales.
La cuestión que se suscita es si lo jueces, a la par funcionarios de carrera y depositarios atomizados del Poder Judicial, gozan de suficiente cobertura legal, de soporte normativo, para ejercer el derecho de huelga. Derecho, por cierto, que sigue sin contar con un desarrollo legislativo por las reticencias políticas de los gobernantes en las distintas legislaturas.
Si nos atenemos a los precedentes históricos más cercanos, en el año 2009 y en 2012, el Pleno y la Comisión de Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, negaron la fijación de servicios mínimos imprescindibles.
Es indudable que, ante la cerrazón, la falta de diálogo, las largas dadas por el Ministerio de Justicia, desde hace más de una década a los jueces y la falta de compromiso de los Ministerios concernidos, Justicia y Economía, los Jueces no tienen otra opción, otra medida de presión, que la de hacer valer sus reivindicaciones y que no se circunscriben a las remuneraciones, sino también a la falta de medios materiales y personales, que se antojan del todo punto legítimas, ya que es inadmisible, por ejemplo, que en el año 2010 se bajase un 10% el sueldo base y un 5% los complementos y desde entonces no se haya recuperado la importante pérdida de poder adquisitivo que es más impactante en los destinos de mayor carestía de vida. Y resulta incomprensible y hasta ofensivo, indigno, que un Juez de Guardia, con la responsabilidad que asume, en determinadas poblaciones perciba por hora de guardia semanal permanente, un euro. O que se produzca la paradoja de que un o una Juez/a recién incorporado/a, en el primer destino, y, un funcionario de policía, éste tenga una retribución superior, dicho ello con todo el respeto que se merece la meritoria labor que ejercen quienes velan por la seguridad ciudadana.
Así las cosas, mientras en Europa la ratio de jueces por número de habitantes se sitúa en 21 por cada 100.000, en España cae hasta el 11,5.
Un informe del CGPJ, de hace un lustro, señalaba que más de 750 juzgados unipersonales afrontaban una sobrecarga competencial del 150%. Y los mismo o peor ocurre en la actualidad en determinados órganos colegiados, en Audiencias Provinciales, siendo que se registran en los Ponentes rendimientos de productividad de 120%,135 %, de 150%, de 175%, de 200% e incluso de 400%. Poniendo en serio riesgo la salud psicofísica de los miembros de la carrera judicial.
No es extraño que varios magistrados, todos de una gran preparación y excelente nivel jurídico, así como dilatada experiencia se hayan trasladado voluntariamente, mediante concurso público, a otros destinos con menor sobrecarga competencial, incidiendo en ello el tremendo desgaste acumulado derivado del enjuiciamiento de macrocausas, como es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, de Mallorca, de Barcelona, etc. O, inclusive, hayan decidido adelantar la jubilación voluntaria.
En cualquier caso, el endémico abandono por la clase política de la Administración de Justicia, actualmente en situación caótica, sempiterna relegada por los distintos Gobiernos, por no movilizar su deficiente funcionamiento, por no tener un gran eco en la ciudadanía, al contrario de lo acontece con la sanidad o la enseñanza, y por no suponer un significado coste electoral, no debe convertir a los ciudadanos y empresas, en rehenes, ya que no se les debe privar ni perjudicar en el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva.
Debe apelarse al sentido de la responsabilidad en pro de una justicia moderna, eficiente, rápida y de calidad servida por unos operadores jurídicos altamente preparados, para que sean dignamente retribuidos y dispongan de medios materiales modernizados con implantación de las nuevas y avanzadas tecnologías, adaptación a la inteligencia artificial, con el despliegue completo del sistema de dictado jurídico que posibilite las transcripciones mediante el reconocimiento de voz ,de forma rápida y precisa, implementación del expediente electrónico en todas las jurisdicciones y ,especialmente, en la penal ,evitando que el Juez tenga que cargar físicamente con la maleta trolley e incluso mediante transporte con su automóvil con los volúmenes, los tomos de la causa, máxime en los macrojuicios. También urge la reforma de las leyes procesales para adecuarlas y adaptarlas a las exigencias reales de las nuevas modalidades de litigiosidad.
Es preciso también que se despolitice la Justicia, que no se instrumentalice. Que se preserve la independencia del Poder Judicial.
Hace falta hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Es menester un Pacto de Estado.
Una justicia que funcione indudablemente reporta retornos inmediatos para la sociedad, en el ámbito de la seguridad, en la economía, en las inversiones, y por ello deben abordarse las reivindicaciones con apremiante prioridad en aras de la calidad democrática.
José María Torras Coll
Profesor Asociado de Derecho Procesal en la UPF de Barcelona
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