INITINERE

Fumata blanca

Merced a un acuerdo salomónico alcanzado entre el PSOE y el PP, con la elección de diez vocales por cada partido político mayoritario, se ha desbloqueado, al fin, una prolongada anomalía institucional insostenible, renovándose el enquistado Consejo General del Poder Judicial.

Nunca es tarde si la dicha es buena, reza el sabio proverbio. Ya era hora de que se procediese a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora bien, no hay que lanzar las campanas al vuelo ni contagiarse de un exceso de optimismo.

Existe un compromiso de despolitización del órgano de gobierno del Poder Judicial, del sistema de elección de los jueces.

Sin embargo, lo cierto es que se ha perdido una oportunidad histórica de nombrar a Vocales sin acudir al obsceno y deleznable intercambio de cromos, sustrayendo la representación en el Consejo de miembros de otras Asociaciones Judiciales y de jueces independientes que constituyen la amplia mayoría de los integrantes de la carrera judicial.

Inexplicablemente se ha hurtado la representación institucional en el Consejo General de la Abogacía, colectivo esencial en el funcionamiento del sistema judicial.

Se ha orillado también la representación de la Procuraduría que conoce como nadie la realidad diaria de los órganos jurisdiccionales, sus deficiencias y disfunciones, sus necesidades, sus patologías.

Se ha reincidido, en suma, en el alineamiento ideológico de jueces y partidos políticos. No se ha querido renunciar a la cuota de poder. No se han soltado las llamadas correas de transmisión.

Es menester que, en los nombramientos discrecionales, se respete la independencia, la objetividad, la imparcialidad y se elijan a quienes reúnan mejores méritos, capacidad e idoneidad. Al Tribunal Supremo deben llegar los mejores técnicamente. Sin pasado político ni reconocida adscripción ideológica.

Es también harto discutible, desde la ortodoxa plasticidad electiva, el pacto alcanzado que comporta el tránsito permeable de Vocal del Consejo a magistrado del Tribunal Constitucional cuando se ha censurado el indecoroso pasadizo de Ministra de Justicia a Fiscal General del Estado y se ha pactado que no pueda ser nombrado Fiscal General del Estado un miembro del Gobierno. No se predica, ya de entrada, con el ejemplo.

En cualquier caso, nos congratulamos de que se haya impuesto la razón de Estado bajo la atenta mirada tutelada de Europa y se apueste por la vía de la regeneración institucional.

Es fundamental que se vean reforzadas las garantías de la independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, respetando sus decisiones, sin presionarles y sin descalificaciones.

Es esencial que, en el compromiso alcanzado, en la anunciada proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se plasme el sistema puro de elección de los doce vocales de procedencia judicial y que las personas propuestas reúnan las condiciones de mérito, capacidad, independencia e idoneidad.

Hay que pasar página de esa incomprensible y exasperante interinidad que ha mermado la imagen y deteriorado el prestigio del Consejo General y afectado sensiblemente el normal funcionamiento del Tribunal Supremo y, en general, ha repercutido negativamente en la Administración de Justicia.

No es momento de reproches, sino de fiel y célere ejecución de compromisos. Confiemos en que no quede en meros propósitos o hueras proclamaciones programáticas o de principios. En que no se trate de un mero espejismo. De un brindis al sol.

José María Torras Coll

Sabadell